El Supremo cambia de opinión y fija como doctrina que el Impuestos de Actos Jurídicos Documentales de las hipotecas lo han de pagar los bancos y no los hipotecados.

Esta decisión abre la puerta a que los usuarios reclamen a las entidades financieras la devolución de lo que pagaron en su día por este impuesto, que supone cientos de euros, ademas de otros otros gastos.

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