El Gobierno está estudiando exigir 710€ a los inmigrantes «sin papeles» que quieran ser atendidos en la Sanidad pública.
Es un paso más para reducir el déficit público, después de implantar el copago de la sanidad pública.
Para ello ya ha enviado a las Comunidades Autónomas un proyecto de orden que aplicará el nuevo Real Decreto que va a regular la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España.
Este Real Decreto dejaría fuera de la asistencia universal y gratuita en España a los extranjeros que se encuentren en situación irregular, que para ser atendidos tendrían en principio que formalizar un convenio especial de asistencia sanitaria que costará a cada supuesto beneficiario 710 euros, aunque si este tiene más de 65 años, podrían tener que pagar hasta 1.864 euros.
De todas formas, tal como indica el Ministerio de Sanidad, “en cualquier caso, tal y como establece el Real Decreto-ley 16/2012, todos los ciudadanos tendrán garantizada su asistencia básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años”.
Está polémica medida ha hecho ya que más de 800 médicos se hayan acogido ya a la objeción de conciencia al inscribirse en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFyc).
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Salu2.